España tras los fondos: la hora de la verdad

Sección: Economía
Formato: Reportaje especial
Autor: Sinisa Brkic (sb)

España llega al final de una etapa económica excepcional. Durante cinco años, los fondos europeos permitieron acelerar reformas, inversiones y proyectos con una capacidad financiera difícilmente repetible. Ahora cambia la pregunta: ya no importa solo cuánto dinero llegó de Bruselas, sino qué parte de aquella transformación permanecerá cuando desaparezca el impulso extraordinario.

El final de una etapa excepcional

El 31 de agosto de 2026 marca una fecha decisiva para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para entonces deben haberse cumplido los hitos y objetivos vinculados a los planes nacionales, mientras que las últimas solicitudes de pago podrán presentarse hasta finales de septiembre. Para España, el cierre de esta fase tiene una dimensión particular. Tras el sexto pago, el país había recibido unos 78.000 millones de euros de los 102.000 millones actualmente asignados dentro del mecanismo y había completado alrededor del 60 por ciento de los hitos y objetivos de su plan.

Las cifras reflejan la magnitud del programa, pero no ofrecen todavía una respuesta sobre su éxito. La verdadera evaluación empieza precisamente cuando el dinero deja de ser el centro de la noticia. Durante años, la discusión pública estuvo dominada por convocatorias, adjudicaciones, proyectos estratégicos, reformas exigidas por Bruselas y sucesivas solicitudes de desembolso. Ahora España entra en una etapa mucho más incómoda: deberá demostrar si aquel volumen extraordinario de recursos modificó realmente la estructura de su economía.

Una economía que llega más fuerte al examen

España no entra en esta nueva fase desde una posición de debilidad inmediata. La economía ha crecido durante los últimos años a un ritmo superior al de varias de las grandes economías de la zona euro, el empleo ha alcanzado máximos históricos y la situación financiera de hogares y empresas ha mejorado sustancialmente respecto a la etapa anterior a la pandemia.

La Comisión Europea prevé un crecimiento real del producto interior bruto del 2,4 por ciento en 2026. La cifra destaca dentro de una zona euro mucho más débil y confirma que la economía española mantiene un dinamismo considerable pese a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, energía más cara e incertidumbre comercial.

También el mercado laboral presenta una imagen distinta a la de hace una década. El desempleo ha descendido y la contratación temporal ha perdido peso después de años en los que la precariedad contractual había sido una característica estructural del mercado de trabajo español. Pero una economía puede crecer y, al mismo tiempo, conservar problemas profundos. Es ahí donde termina la fotografía favorable y comienza el balance verdaderamente relevante.

Crecer más no significa producir mejor

El principal punto débil sigue siendo la productividad. España ha conseguido expandir su economía y crear empleo, pero ese crecimiento no se ha traducido con la misma intensidad en una mejora de la producción por trabajador.

La diferencia es fundamental. El aumento de población y del empleo puede elevar el producto interior bruto total, pero no garantiza que cada trabajador produzca más valor ni que la renta por habitante avance al mismo ritmo. La productividad por hora trabajada ha mostrado cierta mejora respecto a 2019. Sin embargo, la productividad por empleado permanece prácticamente estancada, una señal que obliga a relativizar cualquier interpretación excesivamente triunfalista del ciclo económico español.

Este problema no nació con los fondos europeos y tampoco desaparecerá cuando terminen. Pero era precisamente una de las grandes debilidades que el Plan de Recuperación pretendía contribuir a corregir. Por eso la productividad será uno de los indicadores más importantes para juzgar el legado real de estos años.

El mercado laboral demuestra que las reformas sí pueden dejar huella

Entre los cambios más visibles se encuentra el mercado de trabajo. La reforma laboral redujo de forma significativa el peso de la contratación temporal y modificó una estructura que durante décadas había situado a España entre los países europeos con mayor precariedad contractual.

El cambio importa porque demuestra que la transformación económica no depende únicamente del volumen de inversión. Cuando financiación, reformas legales y objetivos políticos avanzan en la misma dirección, los resultados pueden modificar comportamientos arraigados durante años. Sin embargo, tampoco aquí existe espacio para la complacencia. España continúa soportando una tasa de desempleo superior a la media europea y el desempleo juvenil sigue siendo particularmente elevado, aunque haya descendido respecto a sus peores niveles históricos.

El balance es, por tanto, significativo pero incompleto. El empleo ofrece una de las pruebas más convincentes de que algunas reformas asociadas al Plan pueden sobrevivir al propio Plan, pero también recuerda que modificar una parte del sistema no elimina automáticamente sus restantes debilidades.

La inversión pública cambió de escala

El efecto más inmediato de los fondos fue multiplicar la capacidad inversora del Estado. Administraciones centrales, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas dispusieron de recursos destinados a proyectos que, en condiciones presupuestarias normales, habrían necesitado muchos más años para ponerse en marcha.

Movilidad sostenible, rehabilitación energética, digitalización, infraestructuras ferroviarias, formación profesional, investigación, vivienda, redes energéticas y modernización administrativa recibieron un impulso extraordinario. A ello se añadieron los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, concebidos para movilizar inversión pública y privada en sectores considerados prioritarios.

El objetivo nunca fue únicamente gastar más. La ambición declarada consistía en utilizar una crisis excepcional para acelerar cambios que aumentaran la capacidad productiva del país. Ese matiz determina todo el balance. Ejecutar una inversión puede comprobarse mediante una factura, una obra terminada o un objetivo administrativo cumplido. Saber si esa inversión mejora la productividad requiere años. España ha demostrado que puede movilizar un volumen extraordinario de recursos. Ahora deberá demostrar que sabe convertirlos en capacidad económica duradera.

Innovación: el viejo problema sigue abierto

Uno de los indicadores más incómodos aparece en investigación y desarrollo. La inversión privada española en I+D continúa claramente por debajo de la media de la Unión Europea, una diferencia que limita la capacidad del país para convertir conocimiento científico en nuevas empresas, productos y tecnologías.

El problema no consiste únicamente en cuánto se invierte. También afecta a la estructura empresarial, al tamaño de las compañías, a la conexión entre universidades y empresas y a la capacidad para financiar el crecimiento de proyectos innovadores. España dispone de universidades, centros de investigación, talento tecnológico y determinados polos empresariales altamente competitivos. Sin embargo, continúa teniendo dificultades para transformar esa capacidad en un ecosistema empresarial de escala comparable al de las economías europeas más avanzadas.

Los fondos pudieron financiar laboratorios, digitalización, programas de investigación o nuevas infraestructuras. No pueden garantizar por sí solos que una innovación llegue al mercado ni que una empresa española consiga crecer hasta competir internacionalmente. Ahí comienza una de las pruebas más duras del periodo posterior a los fondos.

Digitalizar no equivale a transformar

La transición digital fue uno de los grandes pilares del Plan de Recuperación. Administraciones, pequeñas empresas, justicia, sanidad, educación, transporte y numerosos sectores recibieron recursos para acelerar procesos que durante años habían avanzado de forma desigual.

El resultado puede observarse en mejores infraestructuras digitales, mayor conectividad, nuevos servicios públicos y una adopción tecnológica más amplia entre empresas. El salto ha sido relevante, especialmente en ámbitos donde la falta de financiación o capacidad administrativa retrasaba inversiones necesarias.

Pero existe una diferencia decisiva entre digitalizar procesos existentes y transformar un modelo productivo. Instalar software, modernizar equipos o trasladar trámites a internet mejora eficiencia, pero no crea automáticamente empresas tecnológicas capaces de competir globalmente. La prueba será comprobar si el salto digital se traduce en mejores procesos empresariales, mayor productividad, nuevos productos y compañías capaces de crecer. Si eso no ocurre, una parte del esfuerzo habrá modernizado la superficie sin modificar suficientemente la estructura.

La energía puede convertirse en una ventaja real

La transición energética ofrece posiblemente una de las oportunidades más claras para convertir inversión pública en ventaja competitiva duradera. España dispone de condiciones favorables para la generación renovable y ha acelerado durante estos años inversiones en energía solar, eólica, almacenamiento, eficiencia y modernización de redes.

En una Europa preocupada por el precio de la energía y por reducir dependencias externas, esa posición puede adquirir un valor económico considerable. Electricidad renovable abundante y competitiva puede atraer industria, centros de datos y actividades intensivas en energía que buscan estabilidad de costes y menores emisiones.

Pero tampoco aquí existe automatismo. Una gran capacidad de generación necesita redes suficientes, almacenamiento, conexiones, permisos más ágiles y una política industrial capaz de aprovechar la ventaja energética. Si España consigue unir energía renovable, industria, infraestructura y capital privado, parte del legado de los fondos puede seguir produciendo efectos durante décadas. Si cada pieza avanza por separado, la oportunidad será mucho menor.

El Estado también fue puesto a prueba

La llegada de los fondos no solo puso dinero sobre la mesa. También sometió a las administraciones españolas a una prueba institucional de enorme magnitud. Ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos tuvieron que diseñar convocatorias, coordinar programas, evaluar proyectos, adjudicar recursos, justificar gastos y acreditar el cumplimiento de cientos de objetivos. Todo ello dentro de calendarios establecidos y bajo sistemas de control europeos.

El proceso dejó avances, pero también mostró límites conocidos. La complejidad administrativa, la fragmentación regulatoria y la lentitud de determinados procedimientos dificultaron la ejecución de proyectos y generaron problemas especialmente visibles para empresas pequeñas o administraciones con menos recursos técnicos.

La experiencia debería dejar una lección que va mucho más allá de NextGenerationEU. Una economía moderna necesita un Estado capaz no solo de recaudar y gastar, sino de seleccionar proyectos, medir resultados, coordinar administraciones y ejecutar inversiones con rapidez y control. Si esa capacidad institucional desaparece junto con el programa extraordinario, se habrá perdido una parte importante de la oportunidad.

La gran incógnita: qué ocurrirá cuando Bruselas deje de financiar

Durante estos años, España pudo impulsar simultáneamente políticas en ámbitos que normalmente competirían entre sí por recursos presupuestarios. Vivienda, transporte, transición energética, educación, digitalización, industria, investigación y administración pública recibieron financiación dentro de un marco excepcional. El final de ese ciclo cambia inevitablemente las condiciones. Los próximos gobiernos deberán decidir qué programas continúan con recursos nacionales, cuáles pueden sostenerse con inversión privada y cuáles desaparecerán cuando deje de existir la financiación extraordinaria.

Ese momento obligará a distinguir entre proyectos estratégicos y políticas que sobrevivieron gracias a una fuente temporal de dinero. También revelará qué inversiones consiguieron movilizar capital privado suficiente para seguir creciendo sin apoyo europeo constante. La diferencia será decisiva. Un fondo temporal puede acelerar una transformación, pero no debe convertirse en una estructura de dependencia.

Si determinados sectores solo mantienen su nivel de inversión mientras reciben recursos extraordinarios, la transformación habrá sido más limitada de lo previsto. Si empresas y administraciones continúan invirtiendo porque los proyectos generaron productividad, rentabilidad y nuevas capacidades, el legado será mucho más profundo.

Los fondos no eliminan la necesidad de elegir

La desaparición progresiva de este instrumento coincide además con unas cuentas públicas que dejan poco espacio para pensar en recursos ilimitados. La deuda pública española continúa alrededor del nivel equivalente al producto interior bruto anual y el Estado afronta simultáneamente mayores necesidades en pensiones, defensa, sanidad, vivienda e infraestructuras.

Esto significa que la etapa posterior a los fondos será también una etapa de prioridades. Mantener todas las políticas desarrolladas durante el ciclo extraordinario será difícil sin aumentar ingresos, reducir otros gastos o conseguir una participación privada mucho mayor.

Durante los años del Plan de Recuperación, una parte del debate político podía centrarse en cómo distribuir los recursos procedentes de Europa. A partir de ahora regresará una pregunta mucho menos cómoda: qué debe financiarse cuando el dinero vuelve a ser limitado. Esa discusión revelará hasta qué punto las inversiones de estos años se han integrado realmente en una estrategia económica nacional.

El éxito no se puede medir el día del último pago

Existe una tentación comprensible de cerrar el balance con una cifra. Cuánto recibió España, cuánto ejecutó, cuántos proyectos fueron aprobados o cuántos objetivos se consideraron cumplidos.

Esos datos son necesarios, pero resultan insuficientes para evaluar una transformación económica. Una reforma educativa puede tardar años en modificar la productividad. Una infraestructura puede necesitar una década para demostrar todo su valor. Una inversión en investigación puede fracasar o generar una empresa capaz de alterar un sector entero.

El éxito real del Plan solo podrá medirse observando qué ocurre después de su cierre. Habrá que comprobar si aumenta la inversión privada, si las empresas ganan tamaño, si mejora la productividad, si crecen las exportaciones de mayor valor añadido y si la administración conserva la capacidad adquirida durante estos años. También habrá que medir qué proyectos no produjeron los resultados esperados. Un programa de esta dimensión necesariamente contiene inversiones exitosas, decisiones discutibles y proyectos cuyo impacto será inferior a lo previsto. Precisamente por eso una evaluación seria no puede confundirse con propaganda a favor o en contra de los fondos.

Europa también se juega una conclusión

El caso español tiene una dimensión que supera a España. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue una respuesta europea extraordinaria a una crisis extraordinaria y supuso un cambio político profundo en la forma de financiar inversiones comunes.

Por primera vez, la Unión Europea movilizó deuda conjunta a gran escala para financiar reformas e inversiones nacionales vinculadas a objetivos compartidos. El modelo abrió una puerta que años antes habría resultado políticamente muy difícil de imaginar.

Su futuro dependerá en parte de los resultados. Si países como España demuestran que el mecanismo generó más inversión, productividad y modernización de la que habría existido sin él, aumentará la legitimidad de instrumentos similares ante futuras crisis o grandes necesidades estratégicas europeas.

Si, por el contrario, el balance termina reducido a tasas de ejecución, infraestructuras dispersas y efectos difíciles de identificar, la resistencia política a repetir la experiencia será considerable. España no es solo uno de los mayores beneficiarios del programa. También se ha convertido en uno de sus principales casos de prueba.

España recibió el impulso. Ahora debe demostrar la transformación

Los fondos europeos ofrecieron a España algo que ningún gobierno puede dar por descontado: una enorme capacidad financiera acompañada de una ventana política para acelerar reformas e inversiones.

El país sale de esta etapa con más infraestructura, mayor digitalización, una posición energética más prometedora, cambios relevantes en el mercado laboral y una economía que ha mostrado una resistencia considerable. Pero también conserva problemas que llevan décadas limitando su potencial: baja productividad, inversión privada insuficiente en innovación, empresas de pequeño tamaño, desigualdades territoriales y una administración todavía demasiado compleja. Ninguna transferencia europea podía resolver por sí sola esas debilidades. El propósito era crear las condiciones para empezar a corregirlas.

Hasta ahora, España ha sido evaluada por su capacidad para cumplir hitos y movilizar miles de millones. A partir de este momento será evaluada por algo mucho más exigente: su capacidad para crecer mejor sin depender de una financiación excepcional. El dinero permitió acelerar el cambio. La hora de la verdad comienza cuando ese dinero deja de llegar.